Culiacán, 19 de junio de 2026.- El Gobierno de Sinaloa ha solicitado formalmente al Congreso del Estado que otorgue la pensión por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez, quien se desempeñó como comisario general de la Policía de Investigación de la entidad. La petición fue firmada por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.
En el documento dirigido al poder legislativo, Bonilla Valverde señaló: “Con categoría de Comisario General, adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha solicitado al Ejecutivo del Estado a mi cargo se le otorgue el derecho de pensión por retiro anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”.
La solicitud ocurre en un contexto de controversia internacional, pues Contreras Núñez ha sido señalado por el Gobierno de Estados Unidos de no detener a integrantes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. De acuerdo con la acusación estadounidense, emitida el 29 de abril de 2026, el exfuncionario era distinguido por la organización criminal bajo el apodo de “el Cholo”.
La acusación federal de Estados Unidos involucra a Contreras Núñez junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre los que figuran el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Contreras Núñez dejó la Comisaría General de la Policía de Investigación en Sinaloa en febrero de 2026 y ha solicitado amparo para evitar declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República.
Si el Congreso de Sinaloa aprueba la pensión solicitada, el Gobierno del Estado tendrá la obligación de pagarle 67,477 pesos mensuales, cantidad equivalente a unos 3,881 dólares. Contreras Núñez estudió la licenciatura en Criminalística entre 1999 y 2003 y comenzó su carrera como perito en la Fiscalía General de Sinaloa, ocupando diversos cargos hasta rendir protesta como comisario el 5 de noviembre de 2022 ante la entonces fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada.
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