Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó por segundo día consecutivo los resultados del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual señala que los más de 132 mil casos de desaparecidos en México ‘podrían constituir crímenes de lesa humanidad’. Sheinbaum afirmó que ‘el Estado mexicano existe y no está rebasado’ y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
El informe de la ONU indica que en México prevalece la impunidad de los grupos criminales y la complicidad de gobiernos de Morena con los cárteles mafiosos. El documento describe las desapariciones forzadas como ‘una crisis estructural’ donde la carga de la búsqueda está en manos de las familias y no del Estado. Además, el Comité documenta un agravamiento de la crisis forense, con alrededor de 72,000 restos sin identificar a inicios de 2026.
En respuesta, el Gobierno de Sheinbaum hizo un cribado que arroja que solo un tercio de esos registros, 43,128 casos, correspondería a personas desaparecidas. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó el informe señalando que ‘indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T’. Alcalde aclaró que el análisis ‘se basa en datos de 2009 a 2017 y que se consideran únicamente datos de cuatro entidades federativas’.
Por su parte, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina ‘la evolución de la situación hasta la actualidad’. Albán afirmó que ‘el análisis del CED no se limita a un periodo cerrado’ y subrayó que su evaluación incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025.
La crisis forense presenta cifras sostenidas; en 2021 se calculaban 52,000 restos sin identificar, cifra que ha crecido hasta los 72,000 estimados para inicios de 2026. Se estima que hay más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos. En 2025, el 37% del total de las fosas reportadas se concentraban en Sonora, Veracruz y Tamaulipas.
En el ámbito político, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación ante la crisis de desapariciones. Ballesteros acusó a Piedra de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político. El diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es ‘muy importante’ e ‘histórica’. Hernández sostuvo que rechazar la determinación de la ONU implicaría ‘un retroceso lamentable’. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité de la ONU y a no descalificar la decisión.
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