Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- Existe un expediente estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve cómplices. Estados Unidos solicitó la detención y extradición de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El gobierno mexicano ha pedido más pruebas a Estados Unidos sobre los señalamientos contra Rocha Moya. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no ve elementos suficientes para una detención provisional urgente del gobernador sinaloense.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió que no se olvide el caso de Rubén Rocha Moya y exigió que sea entregado a la justicia. Campos afirmó que México vive una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, declaró Maru Campos.
La gobernadora de Chihuahua está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua. En un operativo antinarcóticos en esa entidad murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA.
La participación operativa de los agentes estadounidenses en el operativo de Chihuahua no había sido informada al gobierno mexicano. El oficialismo señala a Maru Campos por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior.
“Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”, afirmó Campos. Maru Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte.
El oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso de Rocha Moya con fines políticos. Mientras la gobernadora exige la entrega de Rubén Rocha Moya a la justicia estadounidense, el gobierno federal mexicano pide más pruebas y la FGR no ve elementos para su detención, mostrando posturas opuestas dentro del país.
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