Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La memoria histórica y la búsqueda de justicia han centrado la atención reciente en diversos países de Latinoamérica, con acciones que van desde propuestas legislativas controversiales hasta sentencias inéditas de responsabilidad estatal y actos de conmemoración.
En Chile, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al presidente José Antonio Kast la creación de un Museo de la Verdad sobre el período del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. La iniciativa, ingresada el mismo día que el mandatario rindió su primera Cuenta Pública, pide instruir a los ministerios de las Culturas y de Obras Públicas, así como al Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar el recinto. El objetivo declarado es exponer “el atropello, el hambre y la humillación que significó para el pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular” y “preservar la memoria histórica completa y verdadera de las víctimas de desabastecimiento, la violencia política, el ‘quieto’ del Estado de Derecho y el caos económico que caracterizaron dicho período”. Esta propuesta busca restar peso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), el cual recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España a inicios de mayo de 2026, en un país donde se conservan 1.168 lugares de memoria.
Por otro lado, la justicia de Ecuador obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, en una sentencia que marca un impás en la política de seguridad del presidente Daniel Noboa. El acto de disculpas públicas, cuyas frases fueron redactadas por jueces de la Corte Constitucional, fue pronunciado el 4 de junio de 2026 por el comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, en el Hemiciclo de la Rotonda de Guayaquil. Salazar expresó: “Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, añadiendo que se les fue “Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”. Los menores, de entre 12 y 17 años, fueron interceptados el 8 de diciembre de 2024 por 16 militares, quienes según la investigación judicial los detuvieron, golpearon, desnudaron y abandonaron; sus cuerpos aparecieron días después junto a un manglar. Durante el acto, familiares y vecinos gritaron “¡Eran niños!” y “¡Asesinos!”, mientras el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció hostigamiento previo contra las familias.
En México, la lucha por la justicia y el reconocimiento continúa para las familias de víctimas. La UNAM otorgó la licenciatura a la enfermera Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio, después de seis años de gestión familiar. La joven, quien había terminado la carrera con 9.6 de calificación sin haber reprobado jamás, fue asesinada mientras cumplía su servicio social, trámite que no pudo concluir y que impedía inicialmente la entrega del título. Su caso permanece con el culpable al parecer sin juzgar.
Asimismo, a 17 años de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de junio de 2009 y que cobró la vida de 49 menores, familiares realizaron una ceremonia con un pase de lista. Durante el acto se mencionaron los nombres de las víctimas, siguiendo cada uno con la frase “no debió morir”, al tiempo que reiteraron su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad.
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