Badiraguato, 08 de abril de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de dos niñas de 11 y 7 años, identificadas como Leidy Rojas y Alexa Medina. La resolución fue emitida el 6 de abril de 2026 por el juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, Sinaloa.
Los militares, pertenecientes al 42º Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, fueron procesados por los hechos ocurridos el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla. Según la investigación, alrededor de las 14:00 horas, un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano abrió fuego sin previo aviso contra una camioneta familiar que circulaba por una carretera rural del municipio serrano de Badiraguato.
Las autoridades indican que los uniformados dispararon al menos 119 veces contra el vehículo. Además de las dos menores fallecidas, resultaron heridos otros dos menores, Silvia y Gael Medina, de 14 y 12 años, así como los padres de una de las niñas. La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los implicados de homicidio y de homicidio en grado de tentativa por los sobrevivientes.
El juez dictó el auto de vinculación a proceso bajo la figura del dolo eventual. Durante el procedimiento, la defensa de los militares argumentó que sus defendidos actuaron “en un contexto de violencia en el Estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo” y que lo sucedido “no podía evitarse en ese momento” porque creyeron de forma equivocada que enfrentaban una amenaza real. El juez desestimó dichos argumentos.
De acuerdo con los testimonios de los supervivientes recopilados en el caso, la familia se desplazaba con destino a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, dio media vuelta y fue interceptada por el convoy militar. Inicialmente, las autoridades informaron que la familia había sido víctima de un fuego cruzado entre militares y criminales, versión que los sobrevivientes negaron al indicar que no hubo enfrentamiento alguno.
Las órdenes de aprehensión contra los 13 militares se ejecutaron y las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo de 2026. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompaña a la familia en el litigio. De manera paralela al proceso civil, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos.
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