Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo de una decisión parcial, sesgada y tendenciosa. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Comité de Desapariciones Forzadas no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado, incluyendo observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. El gobierno mexicano criticó que no se haya considerado información entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento, cuya decisión fue publicada por el CED el 2 de abril de 2026.
El ejecutivo federal argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, según su postura, no corresponde a la realidad actual del país. El gobierno reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a cuatro entidades. Además, señaló que el propio informe reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Por el contrario, la información recibida por el organismo contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Según el CED, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El Comité tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, pero señaló que en algunos casos recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. El reporte del CED citó ejemplos como: “Hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías”. Asimismo, documentó que en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, las autoridades están relacionadas con los casos registrados.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De estas, 21 corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos que atravesaban el estado de Chiapas. La organización civil Idheas señaló que este escenario revela fallas estructurales, indicando que “el procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
El procedimiento solicitado por el CED es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual. En la actual administración se han implementado cambios legales e institucionales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, según lo argumentado por el gobierno mexicano.
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