Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México notificó vía correo electrónico a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, el no ejercicio de la acción penal en su contra por los delitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. La determinación, aprobada el 27 de febrero de 2026 por la agente del Ministerio Público Karla Elizabeth Cortés Álvarez, fue reiterada por la fiscalía al señalar que no ha imputado delito alguno a la mandataria ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral.
A pesar de lo anterior, la gobernadora Maru Campos debe comparecer este 29 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en la sala de oralidad número 8 del sistema procesal penal acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esta audiencia es exclusivamente por una impugnación promovida por el senador Javier Corral. Además, la gobernadora recibió un segundo citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una denuncia presentada también por el ex mandatario estatal panista.
Ante estos hechos, María Eugenia Campos aseguró ser víctima de una “persecución política pura y dura” por parte del aparato del poder federal. “Me acusan de delitos sin una sola prueba, ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme, me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal”, declaró. La gobernadora añadió que intentan “reabrir un caso que ya estaba cerrado” y vinculó la situación con eventos ocurridos el 14 de agosto de 2024 relacionados con una orden de aprehensión contra Corral y el caso del bar Gin Gin.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la polémica en torno al caso Chihuahua, donde dos agentes de Estados Unidos fallecieron tras un operativo estatal, no es en contra de Maru Campos, sino que responde a la intervención extranjera. Sheinbaum rechazó que la investigación tenga que ver con una persecución política y sostuvo que es importante, “por la soberanía nacional”, conocer por qué había dos personas extranjeras en dicho operativo. “Siempre se ha sido claro que de acuerdo con la ley y la Constitución mexicana, los agentes extranjeros no pueden estar operando en tierra”, indicó la mandataria, quien agregó que la FGR deberá dar resultados sobre la participación de los agentes estadounidenses.
En un frente distinto relacionado con autoridades de Chihuahua, el fiscal de la entidad, César Jáuregui Robles, informó que la FGR pidió de manera formal la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte. La petición se encuentra en un procedimiento migratorio revisado por un juez de Estados Unidos, al cual la Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió información sobre las órdenes de aprehensión pendientes contra Gómez Fong por posibles desvíos de recursos públicos durante la administración de Duarte entre 2010 y 2016. El fiscal estatal señaló que la detención de la mujer obedece a temas migratorios en Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas buscan su deportación al contar con investigaciones abiertas en el país.
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