Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos no será en México; al final dependerá de la justicia de Estados Unidos y el riesgo sería su injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la gran decisión está en el vecino país del norte.
En México existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones. Sin embargo, no han resultado efectivos porque a la postre nos enteramos de sus malas mañas y nexos. Si hubieran sido eficaces, no tendríamos con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado.
Tampoco conoceríamos los alcances del grupo criminal de La Barredora formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, ni estarían detenidos el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes en Jalisco y Morelos por sus ligas con la delincuencia. En muchos casos, la información llega como una gran aportación de datos a satisfacción de Estados Unidos.
El caso de Rubén Rocha Moya ilustra esta dinámica: en México poco importaron denuncias endilgadas en las dudosas elecciones de 2021. El golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surge la interrogante de qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido cuando estén en campaña. Esto podría anular las autorizaciones otorgadas por el INE a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada. Ya hay aspirantes como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño con dificultades a partir de las visas.
En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al desmentir propósitos de censura: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, dijo ayer, reivindicando la facultad de toda persona de elegir qué escuchar, ver y leer. Bajo este contexto, se analiza si la Comisión Reguladora considerará en consulta pública que no corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a medios.
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