Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito. La propuesta fue anunciada durante la conferencia matutina presidencial con la presencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar.
El proyecto legislativo tiene como objetivo establecer un tipo penal único a nivel nacional que obligue a todas las fiscalías del país a seguir los mismos protocolos de investigación. Según lo expuesto por las autoridades, esto busca evitar que las diferencias en criterios locales permitan que los responsables queden impunes.
Ernestina Godoy detalló que la iniciativa contempla sancionar también la tentativa de feminicidio con penas que van desde la mitad hasta dos terceras partes de la condena principal. Además, se incluyen 21 agravantes, como cuando la víctima es menor de edad, mujer adulta mayor, tiene alguna discapacidad, pertenece a pueblos originarios o afrodescendientes, o cuando el crimen se comete frente a hijos o hijas de la víctima.
La subsecretaria Ingrid Gómez explicó que el delito será perseguido de oficio y se considera imprescriptible. Quien sea condenado perderá de manera automática la patria potestad, tutela y derechos sucesorios respecto a las víctimas. Durante su intervención, Gómez señaló que este crimen afecta no solo a la mujer asesinada, sino también transforma la vida de sus familiares directos, especialmente de sus hijos.
Entre las medidas contempladas en la propuesta se encuentra la obligación de que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género obligatoria. También se plantea un sistema de turno continuado para los ministerios públicos encargados de estos casos, con el fin de evitar interrupciones en las averiguaciones.
La mandataria destacó que el propósito central es garantizar que la investigación sea rigurosa y la sanción igualmente contundente en todo el territorio mexicano, independientemente del estado donde ocurra el hecho. La iniciativa será enviada al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación.