Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juzgado federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria por tres meses en el caso penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La medida judicial, resuelta este mes, se tomó tras determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) vulneró el derecho de defensa al negarse reiteradamente a facilitar el acceso completo al expediente. Farías Laguna se encuentra recluido en el penal del Altiplano, mientras que su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, está prófugo.
La jueza federal Mariana Vieyra Valdés, titular del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió favorablemente un recurso de la defensa del imputado que alegaba la imposibilidad de preparar su estrategia legal ante la falta de transparencia de la FGR. Según los antecedentes del caso, la fiscalía incumplió en múltiples ocasiones con la entrega de la totalidad de la carpeta de investigación, incluso después de un plazo de cinco días ordenado previamente por la autoridad judicial.
El caso, registrado bajo la causa penal 325/2025, se originó tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación que destapó la presunta red de la organización criminal ‘Los Primos’, la cual habría estado operando con impunidad desde el interior de la Aduana. La defensa del exvicealmirante, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó con éxito que la negativa fiscal constituía una violación procesal grave.
El imputado, en un intento por presionar por su caso, había enviado previamente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando irregularidades en su proceso, aunque los detalles específicos de estas alegaciones no han sido divulgados públicamente. La reapertura de la investigación complementaria otorga a la FGR un nuevo plazo de tres meses para concluir las diligencias pendientes, pero ahora bajo la supervisión estricta de la jueza para garantizar el acceso pleno a la evidencia por parte de la defensa.
Este caso representa un examen crucial para las instituciones mexicanas, al involucrar a un exalto mando naval en un esquema de corrupción y contrabando de hidrocarburos, un delito que ha causado cuantiosos daños económicos al país. La capacidad de la FGR para investigar y procesar eficazmente a sus propios exfuncionarios de alto rango, así como la transparencia en el proceso judicial, están ahora bajo escrutinio público.
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