Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que impacta a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que han sido dadas de baja o se encuentran en proceso de revisión por nuevas disposiciones fiscales.
La acción del fisco se basa en el argumento de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) carecía de las atribuciones legales para acreditar las actividades realizadas por estas organizaciones, requisito indispensable para mantener el beneficio fiscal. Esta postura contradice directamente la posición del IMCO, el cual asegura haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y contar con la acreditación correspondiente emitida por la secretaría.
De acuerdo con los datos disponibles, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja formalmente, mientras que el resto del grupo, que supera el centenar de entidades, enfrenta la incertidumbre derivada de la revocación o la exigencia de cumplir con nuevos lineamientos para demostrar la legitimidad de sus operaciones. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, ha manifestado su desacuerdo con la decisión, manteniendo que actuó conforme a la normativa vigente al momento de su acreditación.
La discrepancia entre lo establecido por la SECIHTI y la interpretación actual del SAT sobre las competencias de dicha dependencia ha generado un conflicto administrativo que deja en un limbo jurídico a numerosas entidades sin fines de lucro. Las organizaciones afectadas now dependen de la resolución de solicitudes de reconsideración o de la clarificación de las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades específicas para recuperar el estatus de donatarias.
Este movimiento del SAT ocurre en un contexto donde se han identificado narrativas globales sobre la criminalización de organizaciones no gubernamentales, aunque el caso mexicano se centra específicamente en aspectos técnicos de la legislación tributaria y las competencias de las secretarías de estado. Hasta el momento, no se ha divulgado una lista completa de las más de 100 organizaciones afectadas ni los detalles específicos de cada resolución individual.
La situación pone de manifiesto la tensión entre las autoridades fiscales y el sector de la sociedad civil respecto a la interpretación de los marcos legales para la deducibilidad de donativos, dejando a las organizaciones a la espera de definiciones que permitan regularizar su situación ante el fisco federal.
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