Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. Ante el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril, mientras organizaciones políticas como Somos México denunciaron que la medida violenta la Constitución y deja en indefensión a la ciudadanía.
Sheinbaum explicó que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero derivado de la delincuencia organizada, la corrupción o la delincuencia de cuello blanco. La mandataria señaló que “ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley. Nada discrecional ni político”, y afirmó que la agencia “nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero”.
Respecto a los montos recuperados, la presidenta reveló que desde el inicio de su administración en octubre de 2024, la UIF ha inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones ilícitas. Sheinbaum argumentó que anteriormente los afectados obtenían amparos de manera inmediata que permitían retirar el dinero y paralizar las investigaciones, por lo que se modificaron las leyes para que, en caso de inconformidad, el proceso de resolución judicial tarde un máximo de seis meses sin suspensión automática.
De acuerdo con lo publicado, tras el congelamiento las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones de la medida y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. El afectado contará con cinco días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, organismo que deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles. Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, explicó que esta facultad se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado y no con fines de persecución política.
La presidenta sostuvo que esta práctica no es exclusiva de México, pues “en Estados Unidos también se hace” el bloqueo de cuentas sin orden judicial. Este comentario se da en un contexto de presiones internacionales, tras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara recientemente a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta vinculación con el tráfico de opioides.
Por su parte, la organización política Somos México criticó el fallo de la SCJN, señalando que valida el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito sin privilegiar la defensa de los derechos ciudadanos. La agrupación afirmó que el bloqueo procederá “sólo con que haya indicios de una operación financiera irregular”, lo que deja a la población en “total indefensión”. Asimismo, acusaron que la Corte, cuyos integrantes fueron electos mediante la Reforma Judicial, entregó al Poder Ejecutivo la decisión de bloquear cuentas, eliminando la necesidad de una petición internacional con expediente de prueba para que un juez autorizara la medida.
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