Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que 20 congresos estatales han aprobado el ‘Plan B’ de la reforma electoral, lo cual, según dijo, le otorga rango constitucional. Sin embargo, la mandataria aclaró que el proceso aún no concluye del todo, pues falta que la iniciativa regrese al Senado para ser declarada y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Esto ya es un hecho para el país, solo está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, declaró Sheinbaum. La presidenta explicó el procedimiento pendiente: “Falta que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y después lo publicamos en el DOF”.
Previamente, entre el miércoles y la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó el Plan B en lo general y en lo particular con el respaldo de 343 votos a favor. Las bancadas de Morena, PT y PVEM tomaron la iniciativa como propia, mientras que los partidos del PAN, PRI y MC negaron su respaldo.
Sheinbaum expuso seis “grandes logros” de esta reforma: no reelección, no nepotismo, reducción de recursos a congresos estatales, reducción de regidores, fin de las pensiones doradas y reducción de salarios, incluyendo el fin de bonos y seguros de gastos médicos mayores para consejeros y magistrados electorales. “Abajo los privilegios con todas sus letras”, resaltó la presidenta.
Entre los cambios concretos que establece la reforma se encuentra un tope máximo de 15 regidores para cualquier ayuntamiento. Asimismo, se determina que los recursos anuales de los Congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de egresos de la entidad federativa correspondiente.
La normativa también prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos privados o pensiones a través de dinero público y establece límites a los sueldos de los funcionarios del INE, Organismos Públicos Locales (Oples) y Tribunales Electorales, estipulando que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la república.
Adicionalmente, se establece un recorte gradual al presupuesto del Senado de la República. A partir de 2027, el presupuesto de la Cámara Alta deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada del 15 por ciento.
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