Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Un total de 18 congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal. De acuerdo con Andrea Becerril, de La Jornada, “todo está listo para que en la sesión del próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional […] y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada”.
Las legislaturas que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La aprobación fue por unanimidad en la mayoría de los casos, mientras que en Baja California y Zacatecas se logró por mayoría. Becerril señaló que estos votos suman “más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional”.
La nueva disposición establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato. La reforma establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad. No obstante, la medida no opera para las fuerzas armadas.
Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que sobrepasan el millón de pesos mensuales –siendo un millón 77 mil pesos la más alta–, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y otras en Petróleos Mexicanos (Pemex) que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Asimismo, se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para “revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable”. Sin embargo, existen advertencias sobre la aplicación de la medida. Óscar Hernández, del Semanario ZETA, indicó: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”.
En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron al Congreso local sobre los riesgos de una aprobación exprés de la reforma al artículo 137 de la Constitución local y a la Ley del Fondo de Retiro Digno. El sindicato identificó varias inconstitucionalidades graves en la iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Ángel Navarro, entre ellas la imposición de un “doble tope” y ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. El SUTSEM afirmó que “cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal” y agregó: “Lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”.
Por su parte, Hernández comentó que “curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum”. La exposición de motivos de la modificación en Nayarit argumenta que la reforma busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, promover la austeridad republicana y racionalizar el gasto público.
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