Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Existe una discrepancia en las cifras de personas detenidas tras un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo en la comunidad de Dinamita, Durango, donde confluyen intereses de la empresa Sotomex, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna y la Liga Sindical de la Confección. Mientras organizaciones civiles y el obispo Raúl Vera López estiman que alrededor de 40 personas fueron privadas de la libertad, la Fiscalía General de Durango ha confirmado oficialmente la detención de 28 individuos.
Según el reporte de la Fiscalía de Durango, encabezada por Sonia Yadira de la Garza Fragoso, las 28 personas arrestadas enfrentan acusaciones por presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos de vías. Esta versión contrasta con la denuncia presentada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, así como por Raúl Vera López, quienes sostienen que la protesta fue pacífica y que el número de detenidos asciende a 40, de los cuales solo se conoce la ubicación de ocho hasta el momento.
Por su parte, la Liga Sindical de la Confección en Nazareno informó sobre 27 detenciones que califican como arbitrarias. El conflicto tiene como antecedente el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos, motivo por el cual el Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 oponiéndose a un megaproyecto industrial y apoyando a los empleados despedidos.
Tras el operativo, en el que participaron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena, familiares de los detenidos se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio para exigir su liberación. Las familias denuncian que las detenciones se realizaron sin una orden judicial que las respalde y cuestionan el paradero y estado de salud de la mayoría de los detenidos, dada la falta de información oficial sobre su localización.
La situación ha generado tensión entre las versiones oficiales y las denuncias ciudadanas. Aunque autoridades como el gobernador Esteban Villegas Villarreal y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, están involucradas en el contexto del evento, no se ha divulgado una postura oficial detallada que aclare las acusaciones de represión o justifique las discrepancias en el conteo de los detenidos.
El caso permanece bajo observación mientras se busca esclarecer el estatus legal de las personas retenidas y verificar la existencia de órdenes judiciales para las detenciones, en medio de un conflicto social que combina demandas laborales y oposición a proyectos industriales en la región lagunera.
About The Author
