Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para dictaminar sobre la solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicho órgano, confirmó que la reunión se llevará a cabo antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, con el objetivo de no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como Plan B.
El procedimiento legislativo responde a una acusación formal presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, la cual imputa a Moreno Cárdenas los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Según la carpeta de investigación, el monto involucrado en este caso específico asciende a 83 millones de pesos. Para avanzar en el proceso, la sección instructora deberá determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad parlamentaria al priista.
Paralelamente al proceso penal, existen antecedentes administrativos relevantes relacionados con la gestión de Moreno como gobernador de Campeche, cargo que ocupó entre septiembre de 2015 y junio de 2019. Reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.
La información disponible indica que, hasta enero de 2022, tres años después de que el político dejó la gubernatura, aún estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones realizadas por el órgano de control. Análisis de datos sugieren que durante los últimos años, bajo la gestión de David Colmenares al frente de la ASF, el tratamiento hacia las cuentas de Moreno fue benévolo, logrando que se perdonaran o solventaran más de 2 mil 700 millones de pesos de los recursos cuestionados.
En la lista de involucrados y actores clave del escrutinio público figuran también Ricardo Gabriel López Ruiz y Pablo Angulo Briseño, quienes han estado vinculados a las diversas etapas de las auditorías y procesos legales. La decisión de la Comisión Instructora, encabezada por Flores, marcará el siguiente paso jurídico para que la justicia ordinaria pueda actuar en caso de aprobarse el desafuero.
El timing político es crucial, ya que los legisladores buscan resolver este trámite sin afectar la agenda legislativa prioritaria del momento. Mientras tanto, la controversia sobre el origen y destino de los recursos públicos durante el sexenio de Moreno en Campeche continúa siendo un foco de atención para organizaciones civiles y autoridades fiscalizadoras.
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