Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana sus facetas más crudas y contradictorias: mientras colectivos de búsqueda localizaban restos humanos calcinados y óseos en Jalisco y Sonora, el Gabinete de Seguridad federal aseguraba que no hay delito en las desapariciones reportadas en Quintana Roo, y defensores de derechos humanos denunciaban allanamientos y robo de instalaciones en Chiapas sin respuesta estatal.
En Tequila, Jalisco, Ivonne Gutiérrez, coordinadora del colectivo Buscando Corazones, denunció el hallazgo de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La buscadora señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias forenses en una zona donde también se han reportado crematorios clandestinos.
Simultáneamente, en Hermosillo, Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la investigación no confirma oficialmente la identidad del cuerpo ni los resultados de pruebas de ADN, el hallazgo subraya la persistencia de las familias para localizar a sus seres queridos ante la inacción institucional.
La respuesta oficial varía drásticamente según la región. En Quintana Roo, el Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, contradiciendo la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre la gravedad del fenómeno en la península, donde se atendieron 20 solicitudes de Alerta Amber.
La violencia contra quienes buscan verdad también escaló. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo de 2026. La organización señaló un “riesgo inminente” para su personal y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que se suman a las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero en Guerrero.
En San Luis Potosí, siete electricistas desaparecidos en Matehuala fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días por un grupo criminal que intentó reclutarlos forzosamente. Para su liberación, se desplegó un operativo con 600 agentes de seguridad, mientras que en Torreón, Coahuila, familias de policías municipales desaparecidos negocian con el Ayuntamiento el acceso a pensiones, aunque el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo.
Estos eventos reflejan un panorama fragmentado donde la búsqueda independiente suple la ausencia del Estado, las cifras oficiales minimizan la gravedad del crimen y la seguridad de los defensores sigue vulnerada. Con 297 personas desaparecidas registradas en Yucatán hasta finales de 2025 y casos sin resolver como el de Matías Eliam Padilla Ávila o la directora de kínder Maricela Minerva Pineda Mendoza, la impunidad y el dolor de las familias continúan siendo la norma en el país.
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