Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La mandataria calificó el magnicidio como un “asunto de Estado” que no puede cerrarse con una medida de gracia, en medio de una investigación activa de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, por su presunta participación como un segundo tirador.
La postura de la jefa del Ejecutivo contrasta con la visión de Luis Donaldo Colosio Riojas, senador e hijo de la víctima, quien ha solicitado el indulto para Aburto Martínez. Según el legislador, la presidenta posee la facultad constitucional para conceder el beneficio, pero carece de la voluntad política para hacerlo. Esta discrepancia marca el escenario a cuatro meses de que la apelación en el proceso contra Sánchez Ortega permanezca sin desahogarse, desde noviembre de 2025.
En relación con las líneas de investigación actuales, Colosio Riojas afirmó que la teoría del segundo tirador “no es nueva” y aseguró que la persona involucrada “ya la habían pescado hace 30 años”. Estas declaraciones generan una contradicción con la narrativa oficial de la FGR, que presenta el caso contra Sánchez Ortega como una investigación vigente basada en pruebas recientes, manteniendo abierta la posibilidad de esclarecer hechos no juzgados en las décadas pasadas.
El contexto de estas declaraciones se da a exactamente 32 años del homicidio del candidato presidencial del PRI. Mientras la FGR continúa con los procedimientos judiciales pendientes, la discusión pública se centra en la posibilidad de cerrar el capítulo penal contra el ejecutor material mediante un indulto, opción que la administración federal ha descartado de plano para preservar la investigación sobre la autoría intelectual y los posibles participantes adicionales.
La situación jurídica de Jorge Antonio Sánchez Ortega sigue en espera, sin que se haya informado un avance en la resolución de su apelación en los últimos cuatro meses. La tensión entre la voluntad del familiar de la víctima y la determinación del gobierno federal define el estado actual de uno de los casos más emblemáticos de la historia contemporánea de México.
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