Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una versión modificada de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, luego de que el Partido del Trabajo (PT) rechazara incluir puntos considerados clave por la presidencia, entre ellos la revocación de mandato para 2027 y disposiciones relativas a la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación se llevó a cabo la noche del miércoles 25 de marzo, aproximadamente a las 23:00 horas, en un contexto de tensión dentro de la coalición oficialista.
La aprobación legislativa representa un segundo intento del gobierno federal para concretar cambios en la materia electoral, tras no alcanzar la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados con la iniciativa original. El texto que avanzó en el Senado quedó desprovisto de los artículos más controversiales, específicamente aquellos vinculados al artículo 35 constitucional, lo que constituye un revés para la estrategia inicial del Ejecutivo.
Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, confirmó la postura de su bancada, integrada por seis senadores, señalando que aunque su formación mantiene su apoyo a la presidenta y al movimiento político, se separa de los contenidos específicos sobre la revocación. Esta decisión obligó a los legisladores de Morena a negociar una salida alternativa para evitar el fracaso total de la reforma en la cámara alta.
En respuesta al escenario legislativo, Agustín Dorantes, representante del Partido Acción Nacional (PAN), y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), manifestaron sus posturas respecto a los cambios en el dictamen. La dinámica de las negociaciones evidenció la fragmentación en los bloques parlamentarios, donde la falta de consenso en los puntos medulares derivó en una legislación que se centra ahora en aspectos administrativos y de austeridad.
El contenido aprobado se enfoca en la reducción de regidurías, la limitación de gastos operativos en los congresos estatales y el establecimiento de topes salariales para funcionarios de los organismos electorales. Estas medidas buscan ajustar la estructura de costos del sistema político sin tocar la arquitectura fundamental de los procesos de elección popular que pretendía la iniciativa primigenia.
Con esta determinación, el proceso de reforma electoral enfrenta un nuevo trayecto legislativo incierto. La exclusión de los puntos solicitados originalmente por la presidenta Sheinbaum plantea desafíos para la viabilidad política de los objetivos del Plan B, mientras los actores involucrados evalúan los siguientes pasos para la discusión en lo particular y el eventual retorno a la cámara de origen.
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