Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Una investigación periodística reveló que el bombardeo realizado de manera conjunta por fuerzas de Ecuador y Estados Unidos a principios de marzo de 2026, el cual fue presentado oficialmente como un golpe contra un campamento del narcotráfico, impactó en realidad una finca dedicada a la producción de leche y ganado. Reportes de medios internacionales y testimonios recabados en la zona indican que el sitio destruido era una propiedad rural productiva y no un enclave criminal, generando cuestionamientos sobre la veracidad de la operación militar denominada “Operación Exterminación Total”.
De acuerdo con lo informado por France 24 y The New York Times, el ataque aéreo destruyó una granja lechera, contradiciendo las afirmaciones iniciales de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos que describieron el objetivo como parte de una red ilícita. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había calificado previamente los blancos como sitios vinculados al crimen organizado, sin embargo, las evidencias recopiladas en territorio apuntan a daños severos en infraestructura civil y agrícola.
Los detalles de la operación señalan que, días previos al bombardeo, soldados ecuatorianos ingresaron a la propiedad en helicóptero para interrogar a los trabajadores presentes. Según los relatos, los militares incendiaron refugios y cobertizos después de rociarlos con gasolina. Posteriormente, se llevaron a cabo ataques con explosivos sobre los restos de las edificaciones, acción que fue difundida posteriormente como un éxito en la lucha contra el narcoterrorismo en tierra.
La abogada Lina Maria Espinosa denunció graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo. Espinosa informó que sus clientes, quienes fueron detenidos en la finca, sufrieron torturas que incluyeron ahogamiento y aplicación de toques eléctricos. Estas acusaciones contrastan con la narrativa de una acción quirúrgica contra objetivos criminales y ponen en evidencia el sufrimiento de la población civil involucrada en el incidente.
En el contexto de la escalada militar en la región, funcionarios estadounidenses han defendido la estrategia. Joseph M. Humire, funcionario del Departamento de Defensa, declaró ante el Comité de Servicios Armados que los ataques contra cárteles en América Latina son “sólo el comienzo”. Por su parte, Francis Donovan comentó que aunque los ataques contra embarcaciones “no eran la respuesta” definitiva, se plantea expandir la campaña terrestre para combatir a las organizaciones criminales.
Este incidente ha generado tensiones diplomáticas y sociales, especialmente tras reportes de que una bomba impactó territorio colombiano durante los operativos. Mientras las autoridades mantienen su postura sobre la necesidad de acciones contundentes, las investigaciones periodísticas continúan documentando las discrepancias entre los informes oficiales y la realidad vivida por los habitantes de las zonas rurales afectadas por la ofensiva antinarco.
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