Biddeford, 14 de julio de 2026.- Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos acabó con la vida de un inmigrante colombiano de 26 años al disparar contra él cuando trataba de salir en un vehículo de su residencia en esta localidad de Maine. Los hechos ocurrieron el lunes a las 7:00 horas durante un operativo de vigilancia.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE llevaba a cabo una vigilancia específica en la última dirección conocida de un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión. Cuando el individuo salió de la residencia en un vehículo, los agentes intentaron detenerlo. Ante el intento de huida del automóvil, y “temiendo por la seguridad pública”, un agente disparó su arma. El conductor resultó herido y “falleció a causa de sus heridas”.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó al senador independiente de Maine, Andy King, que el agente abrió fuego después de que el hombre intentara usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo. Sin embargo, King ha exigido “una investigación completa, transparente y abierta” de los hechos, los cuales son actualmente investigados por la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional.
Una de las principales controversias surgidas es la falta de registro visual del incidente. El senador King señaló: “Aparentemente no hay cámaras. Los agentes no llevaban cámaras corporales. Así que no tenemos evidencia en video de lo ocurrido en este caso”. Al lugar acudieron el Departamento de Policía de Biddeford y la Oficina Federal de Investigación (FBI).
Las organizaciones de derechos civiles Presente! y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) publicaron un comunicado conjunto expresando que están “consternadas e indignadas” por la muerte del joven. Presente! declaró en redes sociales que “el hombre llevaba a su hija de tres años en el asiento trasero” durante el tiroteo ocurrido la mañana del 13 de julio de 2026.
Adicionalmente, la coalición aseguró que pudo confirmar que la víctima tenía número de la Seguridad Social y derecho a trabajar en Estados Unidos, datos que contrastan con la descripción inicial del operativo centrado en una orden de expulsión.
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