▲ Tras la aprobación de la reforma judicial, en 2024, se presentaron más de mil recursos para detener la elección popular de ministros y la entrega de fideicomisos de la Corte.
Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y aseguró que continuará con su defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed aseveró que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Asimismo, destacaron que el Juicio de Amparo es “el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal”, advirtiendo que debilitar estas instituciones deja a la sociedad en un estado de indefensión.
Los integrantes del Poder Judicial enfatizaron su compromiso ético: “Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro y que no formamos parte de la simulación de una elección, no respondemos a intereses facciosos. Nuestro juramento de defender la Constitución no es una fórmula vacía, sino un compromiso ético con la división de poderes”, indicaron.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con una práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, sugiriendo que sus presidentes sean votados por sus pares cada dos años.
Sánchez Cordero también presentó una iniciativa para modificar los artículos 95 y 97, estableciendo que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Además, consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios mediante urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no existen garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó la funcionaria.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año. En sexenios anteriores, diversos tribunales desecharon cientos de amparos promovidos contra obras de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
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