Monterrey, 13 de junio de 2026.- La Comisión Anticorrupción del Congreso Local de Nuevo León aprobó este viernes iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria con seis votos a favor de legisladores del PAN, PRI y una diputada de Morena, quienes respaldaron la continuidad del procedimiento en contra del mandatario emanado de Movimiento Ciudadano.
El procedimiento se impulsa por presuntos actos de triangulación de recursos públicos mediante empresas relacionadas con el gobernador, así como por acusaciones de corrupción. Mientras que fuentes legislativas mencionan una presunta triangulación de casi mil millones de pesos, otros informes indican que la investigación, aupada por Morena, apunta a un monto cercano a los 3,000 millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del ejecutivo estatal.
La Comisión Anticorrupción, de mayoría opositora, determinó que “los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado”. La denuncia formal fue presentada previamente por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer.
En su resolución, la Comisión instruyó a la Oficialía Mayor para que, a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al gobernador. El documento establece: “Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran”.
Se ha señalado como fecha para la comparecencia de Samuel García el próximo martes 23 de junio a las 16:00 horas en el edificio legislativo. El mandatario podrá hacer acto de presencia, enviar una respuesta por escrito o presentar sus argumentos mediante un representante legal. Además, se le otorgará un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa.
Tras esta etapa, el expediente será turnado al pleno del Congreso, donde el juicio político necesitará el respaldo de una mayoría calificada para prosperar. Esto implica reunir al menos 28 de los 42 votos que integran la Legislatura local. Actualmente, Movimiento Ciudadano cuenta con 10 escaños, mientras que la oposición suma una mayoría holgada repartida entre PAN, PRI, Morena, Partido Verde y PT.