Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó el 25 de marzo de 2026 la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La modificación al artículo 127 de la Constitución limita las jubilaciones a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, aproximadamente 70,000 pesos mensuales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también fue avalada previamente por el Senado de la República con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Ahora requiere la ratificación de al menos 17 congresos locales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la reforma como una corrección de privilegios. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció que su bancada votaría a favor pese a expresar inconformidad y críticas por omisiones y riesgo de retroactividad en la normativa.
Legisladores de oposición han señalado que la reforma podría contravenir principios constitucionales debido a su posible aplicación retroactiva. Advirtieron que el dictamen permitiría modificar pensiones ya otorgadas bajo el argumento de que representan un daño al erario público.
Movimiento Ciudadano criticó que la reforma deja fuera al Ejército y a los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Partido del Trabajo anunció que presentará una reserva para hacer excepción de quienes ya están jubilados legalmente y evitar la aplicabilidad retroactiva.
Jubilados y pensionados han realizado protestas tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como en el Congreso local de Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, expresó preocupación por los efectos que la medida podría tener sobre los trabajadores ya retirados.
La reforma busca evitar pensiones desproporcionadas financiadas con recursos públicos. Según datos presentados durante el debate, existen casos de extrabajadores de entidades públicas extintas que reciben más de un millón de pesos mensuales como pensión, situación que el gobierno federal pretende corregir con esta modificación constitucional.
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