Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- Un conjunto de sentencias judiciales y acciones en materia de derechos humanos marcaron la agenda internacional y nacional. En Estados Unidos, un jurado de Santa Mónica declaró culpable al actor Bill Cosby, de 88 años, de drogar y violar a Donna Motsinger, de 84, en 1972. El actor deberá afrontar el pago de 19.25 millones de dólares en daños. Por otro lado, un tribunal federal en Waco, Texas, dictó una sentencia de 80 años de prisión contra Kevin Duane Pridemore, de 41 años, por producir y poseer material de abuso sexual infantil. El juez federal Alan D. Albright impuso la pena de forma consecutiva: 360 meses por cada uno de los dos cargos de producción de pornografía infantil y 240 meses adicionales por el cargo de posesión, ordenando además el pago de 207 mil dólares como indemnización.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria de hasta 84 años de prisión en contra de cinco personas de una familia que integraban una banda de secuestradores en la zona de Macuspana, Tabasco. Los sentenciados son: Mario N., José N., Alberto N., Manuel N. y Griselda N., por delincuencia organizada, secuestro agravado y portación de arma de fuego. En contraste, Carlota ‘N’, acusada de doble homicidio y tentativa contra un menor, salió del penal de Chalco para permanecer en prisión domiciliaria tras la modificación de su medida cautelar por un juez. La mujer declaró: “Fue un mal rato realmente, pero lo tomo como una defensa personal”.
En el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó un eventual indulto a Mario Aburto Martínez, preso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El organismo llamó a profundizar las investigaciones y retomar las líneas de investigación contenidas en la Recomendación 48VG/2021, señalando que “optar por cualquier otro camino, incluido el indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad”. Asimismo, la organización Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes y la madre buscadora hondureña Ana Enamorado fueron ganadores del 31 Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Los organizadores destacaron que Enamorado, pese a radicar en México desde hace 14 años con calidad migratoria de visitante por razones humanitarias, fundó la Red Regional de Familias Migrantes para buscar desaparecidos en tránsito.
En Morelos se reiniciaron por quinta ocasión las exhumaciones en las fosas de Jojutla. Edith Hernández Torres, integrante de colectivas, criticó el proceso al señalar que “hoy iniciamos con una excavación no controlada. Todavía no se ha rescatado ningún cuerpo y creemos que no hay un control adecuado”, describiendo el operativo como “atropellado y sin control”. Aunque las colectivas reconocieron como aspecto positivo la supervisión del fiscal Fernando Blumenkron Escobar, mantuvieron su postura crítica. Por su parte, en Durango, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHD) participó como observadora en un operativo en la comunidad de Dinamita, municipio de Gómez Palacio, donde resultaron 28 personas detenidas y vinculadas a proceso por robo equiparado, ataques a las vías de comunicación y transporte, y asociación delictuosa.
A nivel internacional, el gobierno de Kuwait condenó la aprobación en el Parlamento de Israel de la ‘ley de pena de muerte para presos palestinos’, norma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por ataques considerados terroristas y que fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra. La cancillería kuwaití expresó su “profunda preocupación” y consideró que la ley representa “una grave escalada” y una violación directa al derecho internacional humanitario. En un comunicado, el gobierno de Kuwait emitió su “firme condena y rechazo”, llamando a “adoptar medidas disuasorias para frenar estas prácticas ilegales y garantizar la protección necesaria de los presos palestinos conforme al derecho internacional”.
Finalmente, en Toluca, familiares de pacientes que sufrieron lesiones graves o fallecieron tras cirugías plásticas se manifestaron para exigir justicia y solicitaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que escuche sus casos. Se han contabilizado ocho víctimas: dos fallecieron y seis sufren lesiones graves y permanentes. Los médicos Jesús Fernando N, Carolina N y Diego Humberto N están bajo investigación por cuatro casos de cirugías plásticas fallidas.
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