Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- En las comisiones del Senado de la República se discuten críticas al Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en cambios a la regulación de la revocación de mandato y modificaciones al artículo 35 constitucional. El debate cuenta con la participación de José Woldenberg, expresidente del IFE/INE, así como de los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Enrique Inzunza y Oscar Cantón Zetina, respectivamente.
Las críticas centradas en el potencial efecto regresivo para la democracia han sido señaladas en el contexto de la discusión legislativa. La reforma electoral busca modificar normas sobre la revocación de mandato, mecanismo de participación ciudadana que permite a los votantes decidir sobre la continuidad de los funcionarios electos.
Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral enfrenta cuestionamientos por las medidas de seguridad aplicadas en 40 inmuebles de su estructura. Estas medidas han generado críticas por su impacto en el trabajo periodístico dentro de las instalaciones del organismo electoral.
Enrique Inzunza, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, participa en la discusión de los cambios propuestos. Oscar Cantón Zetina, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, también está involucrado en el análisis de las modificaciones constitucionales relacionadas con el proceso electoral.
La posición oficial de Morena y sus aliados sobre las críticas planteadas por Woldenberg no ha sido detallada en la discusión actual. El resultado de la discusión en las comisiones del Senado permanece pendiente de definición.
El contenido específico y alcance completo del Plan B de reforma electoral, así como la redacción final propuesta para el artículo 35 constitucional, continúan siendo elementos por definir en el proceso legislativo. La reacción oficial del INE a las críticas sobre las medidas de seguridad también está por conocerse.
El debate sobre la reforma electoral se desarrolla en un contexto de tensión entre los poderes del Estado, con implicaciones para el funcionamiento del organismo electoral autónomo y los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución.
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