Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, como respuesta urgente a la parálisis operativa de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) derivada de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lleva cinco semanas. La decisión, coordinada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, tiene como objetivo mitigar el caos en los controles de seguridad donde se reportan esperas de hasta tres horas y una tasa de ausentismo del 11.76% entre el personal de la TSA.
La crisis de financiamiento, originada tras el rechazo del Senado por quinta vez desde febrero a la propuesta de presupuesto, ha dejado a miles de empleados de la TSA trabajando sin sueldo completo desde el 14 de febrero, lo que detonó más de 400 renuncias y un aumento significativo de ausencias no justificadas. En aeropuertos como Hartsfield-Jackson en Atlanta, los tiempos de espera alcanzaron casi tres horas, mientras que en el aeropuerto George Bush de Houston se registraron demoras de dos horas y en el JFK de Nueva York superaron la hora, según datos reportados durante el primer día del operativo.
Ante la emergencia, autoridades federales movilizaron a agentes del ICE para asumir tareas auxiliares como el manejo de filas y la vigilancia periférica, dado que estos oficiales no cuentan con la capacitación para realizar funciones críticas de seguridad como la operación de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos corporales. Un portavoz del DHS defendió la medida como una ayuda necesaria para aliviar la carga del personal restante, aunque reconoció implícitamente las limitaciones técnicas de los nuevos efectivos en las zonas de inspección primaria.
La iniciativa ha generado una tensión política inmediata entre la administración y legisladores de ambos partidos. Andre Dickens, alcalde de Atlanta, expresó su preocupación por la situación en el nodo aéreo más transitado del sur del país. Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, calificaron la medida de inaceptable y ajena a la misión original del ICE, advirtiendo sobre posibles riesgos en los protocolos de seguridad aérea.
Incluso dentro del Partido Republicano surgieron voces críticas; la senadora Lisa Murkowski cuestionó la eficacia de la solución, señalando que el despliegue de agentes no especializados no resuelve el problema de fondo causado por la falta de personal certificado. Las contradicciones son evidentes: mientras el gobierno presenta el movimiento como una solución operativa, los reportes preliminares indican que las largas persisten y que la medida es incompleta ante la magnitud de la parálisis presupuestaria.
Este escenario marca un precedente en la gestión de crisis de seguridad nacional bajo la actual administración, donde la falta de consenso legislativo para desbloquear el financiamiento del DHS obliga a reconfigurar las fuerzas de seguridad en infraestructura crítica civil. Se mantiene la incertidumbre sobre el plazo estimado para resolver la parálisis presupuestaria y se desconocen los protocolos específicos de supervisión que garantizarán la coordinación entre los agentes del ICE y el personal remanente de la TSA en los días siguientes.
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