EFE/EPA/ERIK S. LESSER
Por Redacción
Washington, 23 de marzo de 2026.- El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos, como respuesta urgente a la crisis operativa en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) provocada por el cierre parcial del gobierno federal. La decisión, coordinada con Tom Homan, asesor presidencial en materia migratoria, tiene como objetivo paliar las ausencias masivas de personal que han generado retrasos y cancelaciones de vuelos en terminales clave como Atlanta, Chicago y Nueva York.
La situación crítica se origina tras el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 14 de febrero de 2026, debido a un bloqueo presupuestario en el Congreso relacionado con desacuerdos en políticas de inmigración. Este estancamiento ha dejado sin salario a aproximadamente 50,000 agentes de la TSA durante más de un mes, lo que derivó en que más de 300 trabajadores abandonaran sus puestos y que, para el 15 de marzo, el 10% del personal no se presentara a trabajar.
Las ausencias han sido particularmente severas en los aeropuertos de la región de Nueva York y Nueva Jersey. Según datos reportados, LaGuardia registró una ausencia del 25.84%, mientras que el aeropuerto JFK alcanzó un 28.2% y Newark un 13.83%. Ante este escenario, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó la llegada de agentes federales para reforzar los controles de seguridad, aunque no se detalló el proceso de formación que recibirán para realizar tareas que habitualmente corresponden a la TSA.
Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’, impulsó la estrategia de utilizar a oficiales de ICE, cuya función principal es la aplicación de leyes migratorias, para cubrir los huecos en la seguridad aérea. Fuentes de medios indican que el despliegue abarca entre 13 y 14 aeropuertos principales, incluyendo el Hartsfield-Jackson de Atlanta y el O’Hare de Chicago, buscando restablecer el flujo de pasajeros ante las largas filas que han caracterizado a los últimos días.
La medida ha generado críticas inmediatas por parte de legisladores demócratas y opositores, quienes argumentan que desviar a una agencia migratoria de su función esencial para actuar como personal de seguridad aeroportuaria es una solución polémica que podría generar tensión operativa. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales detalladas por parte del DHS o la TSA sobre la coordinación operativa a largo plazo, ni se ha especificado la duración prevista de este despliegue extraordinario.
Este movimiento ocurre en un contexto de alta presión política, donde el cierre gubernamental continúa sin resolución legislativa. Mientras la administración Trump busca demostrar capacidad de respuesta ante el colapso en los servicios de transporte, la oposición señala que la raíz del problema sigue siendo la falta de aprobación del presupuesto, dejando a miles de trabajadores federales en una situación financiera vulnerable que amenaza con escalar si no se llega a un acuerdo en el Congreso.
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