Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- Familiares de las dos profesoras asesinadas el pasado martes en la preparatoria Antón Makarenko exigieron que el alumno de 15 años responsable sea juzgado como adulto, argumentando que el ataque fue planeado y no un acto impulsivo. Mientras tanto, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que solicitará al juez especializado imputar al menor los delitos de feminicidio, portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero Chávez, una de las víctimas, expresó que aunque el agresor es menor de edad, las autoridades deben intervenir para garantizar justicia. Por su parte, Christian “N”, hermano de Tatiana Madrigal Bedolla, la otra docente ultimada, pidió que se aplique la máxima pena posible y se evite el tratamiento bajo el sistema de justicia para adolescentes, el cual contempla un internamiento máximo de tres años.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó el suceso como muy doloroso y señaló que todo indica que el agresor había preparado el ataque buscando específicamente a las víctimas. La mandataria destacó que este caso obliga al país a discutir y debatir la posibilidad de juzgar a menores de edad como adultos cuando cometen delitos de esta naturaleza.
Carlos Torres Piña, Fiscal de Michoacán, informó que el arma utilizada fue un rifle AR-15 sin registro, ingresado ilegalmente al país. El funcionario precisó que el proceso legal se llevará a cabo bajo el sistema de justicia para adolescentes, aunque la acusación buscará la mayor severidad permitida dada la gravedad de los hechos. El presunto agresor, identificado como Osmar “N”, permanece retenido en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia.
La Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado expresando condolencias a los familiares y reiterando el compromiso de construir entornos escolares seguros. En paralelo, se ha generado un debate nacional sobre la eficacia de las medidas de rehabilitación frente al castigo en casos de violencia extrema cometida por menores, mientras las familias de las víctimas mantienen su postura de que la ley actual es insuficiente para crímenes premeditados.
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