Pajapan, 26 de marzo de 2026.- Un grupo interdisciplinario integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente, Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Profepa, informó este martes la recolección de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral afectado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Las autoridades detallaron que se ha destinado una inversión de 217 millones de pesos específicamente para la limpieza de playas, además de 8 millones de pesos adicionales para el despliegue de embarcaciones especializadas en las labores de contención y recuperación.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la conformación de un equipo multidisciplinario que incluye a peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de dilucidar las causas exactas del siniestro y determinar si persiste alguna fuga activa. Aunque en declaraciones recientes la mandataria señaló que el vertido provino de un barco privado y no de instalaciones de Pemex, hasta el momento no se ha identificado oficialmente a la empresa responsable ni se ha emitido un dictamen definitivo sobre el origen preciso del incidente, el cual comenzó a ser reportado por pobladores el 1 de marzo en esta localidad veracruzana.
Mientras el gobierno federal reporta avances en la limpieza y el apoyo de más de 35 millones de pesos a comunidades afectadas, organizaciones civiles como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica mantienen una postura crítica respecto al manejo de la crisis. Basándose en análisis de imágenes satelitales, estas agrupaciones aseguran que el derrame inició entre el 11 y el 17 de febrero cerca de la plataforma Abkatún, alcanzando una extensión de 50 kilómetros cuadrados antes de dispersarse. Los activistas denuncian que existe conocimiento temprano del hecho por parte de las autoridades y acusan opacidad oficial al no haberse activado oportunamente el Plan Nacional de Contingencia ni emitido alertas públicas.
La discrepancia en las cifras de afectación es uno de los puntos centrales de la controversia. Mientras el comunicado oficial del 25 de marzo limita la zona atendida a 165 kilómetros, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y otras organizaciones documentan que el hidrocarburo ha impactado al menos 630 kilómetros de costa, extendiéndose desde la laguna de Tamiahua en Veracruz hasta Paraíso en Tabasco, con reportes recientes de llegada a Tamaulipas. Habitantes de las zonas afectadas han creado mapas propios donde identifican 51 puntos críticos, señalando que en 26 de ellos no se han realizado labores de limpieza por parte de las autoridades o la empresa estatal.
Verónica Munier, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, expresó su preocupación por la falta de transparencia en la evaluación del daño ambiental. “No sabemos bien a qué grado está el daño. No nos han dicho nada y no hemos sabido que hayan hecho algún estudio o, por lo menos, no lo han informado”, declaró la activista. Por su parte, el gobierno del estado de Veracruz, a través de su Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, descartó que la muerte de un delfín hallado en Alvarado esté vinculada a la contaminación por hidrocarburos, atribuyendo el deceso a una hemorragia severa por lesión traumática.
Ante la incertidumbre sobre el responsable final del vertido y la magnitud real del impacto ecológico, las labores de supervisión continúan bajo la coordinación del grupo interinstitucional. La situación genera alarma en las comunidades pesqueras e indígenas que dependen de los ecosistemas costeros, especialmente con la proximidad de la temporada de anidación de tortugas marinas, mientras la sociedad civil exige resultados concretos en la investigación penal y ambiental que garanticen la reparación del daño y la sanción a los culpables.
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