Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México enfrentan la revocación de su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, una medida que impacta directamente a instituciones como Mexicanos Primero y México Evalúa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha iniciado el proceso de cancelación del estatus de donatarias autorizadas, aunque las organizaciones afectadas afirman que continúan operando con normalidad a la espera de la resolución formal de la autoridad fiscal.
La situación surgió a partir de hechos reportados el 19 de diciembre de 2025 en la capital del país, donde se dio a conocer la decisión del SAT de retirar el beneficio fiscal a un amplio grupo de entidades civiles. Tanto Mexicanos Primero como México Evalúa emitieron comunicados en los que confirmaron que, pese a la notificación de la revocación, sus actividades no se han interrumpido y se encuentran en proceso de respuesta ante la autoridad.
Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre del funcionario o área específica del SAT responsable de la resolución, ni tampoco se han detallado los motivos legales o administrativos que motivaron la cancelación masiva del estatus. La falta de información sobre los criterios específicos ha generado incertidumbre en el sector, aunque las organizaciones han optado por mantener la calma y esperar el desenlace del procedimiento administrativo.
El plazo legal exacto para que el SAT emita una respuesta definitiva o para que las organizaciones presenten sus defensas tampoco ha sido divulgado en los comunicados disponibles. Esta opacidad en los tiempos y formas del proceso mantiene a las más de 100 entidades en un limbo jurídico, donde la capacidad de ofrecer deducción fiscal a sus donantes está suspendida de facto, pero sin una sentencia final notificada.
La lista completa de las organizaciones afectadas no ha sido revelada en su totalidad, limitándose la información confirmada a la presencia de think tanks y grupos educativos de relevancia nacional. La magnitud del movimiento sugiere una revisión exhaustiva por parte de la administración tributaria sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de las donatarias, aunque los detalles de dicha auditoría permanecen bajo reserva.
En el contexto actual, la sociedad civil mexicana observa con atención el desarrollo de este caso, dado que el estatus de donataria autorizada es fundamental para la recaudación de fondos y la viabilidad financiera de muchos proyectos de impacto social. La resolución definitiva del SAT marcará un precedente sobre la relación entre el fisco y las organizaciones no gubernamentales en el país.
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