Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han llevado a las autoridades a centrar su atención en la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala, la cual había sido previamente investigada y desechada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Bajo un nuevo esquema de trabajo, la Fiscalía ha detenido a los dueños del establecimiento mientras el fiscal del caso, Mauricio Pasarán, dirige las diligencias para determinar su vinculación con los hechos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la investigación se ha reactivado con enfoque en este inmueble, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre la evidencia concreta que conecta a la funeraria con la desaparición de los normalistas. La mandataria señaló que prefiere que sea la Fiscalía la encargada de difundir los pormenores del caso para no interferir en el proceso legal en curso.
De acuerdo con la información disponible, existe una contradicción respecto al estatus anterior del lugar, pues el GIEI había concluido sus análisis sin encontrar elementos suficientes para vincularlo con el crimen, situación que ahora es revisitada por las autoridades federales. Sheinbaum mencionó que se está realizando un análisis telefónico muy riguroso como parte de las nuevas estrategias para esclarecer los hechos ocurridos en 2014.
Ante la complejidad del caso y la sensibilidad que genera en las familias de las víctimas, la presidenta indicó que ya instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, para establecer comunicación con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. El objetivo es explicarles los avances de la investigación antes de hacerlos públicos, manteniendo un canal de diálogo directo con los colectivos de búsqueda.
Las autoridades no han revelado aún la identidad completa de los propietarios de la funeraria que fueron detenidos, ni han presentado un informe detallado sobre cómo operaba el lugar de manera irregular según las nuevas indagatorias. Tampoco se ha especificado la fecha exacta en que se localizaron restos óseos en una bolsa etiquetada con el año 2014, dato que figura como información pendiente de corroboración en el expediente.
Este giro en la investigación marca un cambio significativo en la estrategia del gobierno federal, que apuesta por revisar pistas que en su momento fueron descartadas por organismos internacionales. La expectativa ahora se centra en los resultados que arrojen las nuevas pruebas recolectadas por el equipo de Mauricio Pasarán y en la capacidad de la Fiscalía para presentar conclusiones sólidas que puedan ser validadas ante las familias y la sociedad mexicana.
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