Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La solicitud ha sido enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, para que remita el caso de inmediato.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil y no necesariamente que sean orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el organismo citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento ignora las actualizaciones presentadas por la administración actual y se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, la SRE señaló que el propio CED admite en su resolución que no hay una política federal de ataques sistemáticos.
El gobierno mexicano afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025, incluyendo la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. En un comunicado, la SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”.
Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y lamentó que “no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”. Corcuera explicó que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional y que la responsabilidad del Estado abarca todos los órdenes de gobierno, independientemente de si los actos son cometidos por particulares. El CED mantuvo que, a pesar de las medidas adoptadas desde 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis.
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