Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La reforma electoral denominada ‘Plan B’ superó la primera etapa legislativa al ser aprobada en las comisiones unidas del Senado, donde obtuvo 24 votos a favor y 11 en contra. No obstante, el proceso enfrenta obstáculos críticos para su validación definitiva: la falta de consenso con los senadores del Partido del Trabajo (PT), cuya ausencia marcó la votación en comisiones, y una división explícita dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), donde siete de sus 11 consejeros se deslindaron del documento enviado por la consejera presidenta al legislativo.
Para que la reforma constitucional sea aprobada en el pleno del Senado, se requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 integrantes de la cámara. Aunque la coalición oficialista suma teóricamente 90 legisladores entre Morena (67), el Partido Verde Ecologista de México (14) y el PT (9), la votación en comisiones evidenció la fractura. Los nueve senadores del PT no estuvieron presentes durante la sesión, reflejando su postura de no apoyar la iniciativa si no se modifica la fecha propuesta para la revocación de mandato, punto que consideran podría beneficiar electoralmente a la presidenta en turno.
La situación se complica por las señales mixtas dentro del bloque gubernamental. Mientras el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, difundió mensajes afirmando la unidad de la coalición, la realidad legislativa muestra discrepancias. Por un lado, existen reportes sobre posibles votos en contra dentro de la bancada del Partido Verde; por otro, la postura del PT sigue siendo incierta para la sesión del pleno programada para este miércoles, lo que pone en riesgo la obtención de los votos necesarios.
En el ámbito institucional electoral, surgió una controversia respecto a la postura oficial del organismo. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, remitió un documento al Senado señalando dificultades técnicas y operativas para implementar el ‘Plan B’. Sin embargo, siete consejeros del instituto —Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz— emitieron una carta aclarando que dicho documento no fue consensuado en el Consejo General y no representa la posición institucional de la entidad, desautorizando de facto el contenido de la misiva enviada por la presidencia del órgano.
La reforma en discusión incluye modificaciones sobre la revocación de mandato, límites al número de regidurías municipales, restricciones al presupuesto de los congresos estatales y ajustes a los ingresos de funcionarios electorales. La aprobación en comisiones se logró con mayoría simple, pero el debate en el pleno será determinante. La incertidumbre sobre el sentido del voto de los legisladores del PT y la posible disidencia en el Partido Verde condicionan el futuro de la iniciativa, que busca alterar la arquitectura electoral del país en un contexto de alta polarización política.
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