Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió exonerar a Pío López Obrador de las acusaciones por financiamiento ilícito al partido Morena, cerrando definitivamente un caso judicial que se extendió por casi seis años. La resolución, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, concluyó que no existen pruebas contundentes que demuestren la comisión de faltas o delitos electorales por parte del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El origen de este proceso legal se remonta a agosto de 2020, cuando el periodista Carlos Loret de Mola, a través del medio Latinus, difundió una serie de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas. En dichas imágenes se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. Según lo registrado en los materiales audiovisuales, los montos mencionados ascendían a un millón de pesos y 400 mil pesos respectivamente.
A lo largo del proceso, diversas instancias analizaron la evidencia. El Instituto Nacional Electoral (INE) había cerrado su investigación en 2021 alegando prescripción, mientras que la Fiscalía General de la República archivó la carpeta penal en octubre de 2022 por falta de elementos para integrar un caso. Pío López Obrador impugnó las decisiones ante el TEPJF desde octubre de 2020, manteniendo su postura de inocencia hasta la resolución final.
La magistrada Mónica Soto formó parte del órgano colegiado que analizó el expediente para emitir el fallo definitivo. Aunque las fuentes periodísticas y las denuncias originales enfatizaban la evidencia visual de los videos y la imposibilidad de rastrear el destino del dinero, la Sala Superior determinó que dichos elementos no constituían prueba suficiente para acreditar el financiamiento ilícito conforme a la normativa electoral vigente.
Tras conocerse la resolución, Pío López Obrador emitió un mensaje en video en el que declaró no haber cometido ninguna falta o delito, reafirmando su limpieza en el manejo de recursos políticos. Esta declaración contrasta con el contenido de las grabaciones que motivaron la investigación, pero coincide con el criterio jurídico adoptado por el tribunal para sobreseer el caso.
Con esta determinación del TEPJF, se agotan las vías legales internas respecto a estas acusaciones específicas, poniendo fin a un capítulo que marcó la agenda política durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que ahora concluye bajo la administración federal actual sin sanciones para el implicado.
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