Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada para el 9 de abril de 2026 la discusión de un proyecto que busca validar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. En paralelo, un grupo de organizaciones entregó una solicitud formal para exigir una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo.
El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno el proyecto derivado de un amparo en revisión tras la negativa de un amparo a la empresa Total Play. La propuesta consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, donde el juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de Internet y solicitaron su bloqueo. El IMPI admitió el trámite en agosto de 2024, decretó la medida provisional en septiembre y, tras el incumplimiento, ordenó en octubre a proveedores de Internet, entre ellos Total Play, bloquear los sitios.
En noviembre de 2024, Total Play promovió un amparo contra la orden y la norma que la sustenta, argumentando que invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y el acceso a la información, y constituye una medida desproporcionada. El juez citó las jurisprudencias 25/2007 y 26/2007, en las que la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información ‘no son absolutos’.
Por otro lado, la petición sobre prisión preventiva fue entregada el 25 de marzo de 2026 y está respaldada por 600 firmas ciudadanas. La solicitud fue dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y realizada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), como Daniel García Rodríguez.
Daniel García Rodríguez, quien fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, declaró: “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”. También participaron en la entrega otros involucrados en casos similares mediáticos como Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Coridh en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023). En esos casos, el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, señaló: “La disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”.
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