4 El exjefe de contabilidad, Javier Ramírez Manjarrez admite su responsabilidad, pero señala que actuó bajo instrucciones de altos funcionarios para favorecer intereses políticos externos
La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La determinación judicial se suma a una serie de detenciones previas relacionadas con un presunto desfalco al erario estatal que involucra a otros exfuncionarios de la dependencia.
De acuerdo con las indagatorias de la dependencia, se detectaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano, incluyendo transferencias y pagos electrónicos, que presuntamente realizaron integrantes de una red de corrupción. El origen de estos fondos proviene de cuentas bancarias del INVI y suma un total de 54 millones 876 mil 222 pesos.
En lo específico contra la exdirectora, la fiscalía imputa el disposición de 762,000 pesos para uso personal. Además de Villarreal, la investigación señala como involucrados a Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto, así como a Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad, quien fue detenido anteriormente junto con Edy Hassan y Juan Antonio de Jesús Ramírez.
Reportes periodísticos indican que la vinculación de Villarreal la identifica como operadora de Adán Augusto López Hernández. Esta conexión política contrasta con versiones de la Contraloría Estatal, las cuales sugieren que los cargos por operaciones con recursos ilícitos podrían ser desechados y que los implicados debieron ser acusados originalmente por peculado.
El caso pone bajo escrutinio la gestión administrativa del organismo de vivienda, donde también se menciona la participación de Benjamín García Meza, actual director del INVI, quien habría autorizado transferencias mientras se vaciaban las cuentas. Por su parte, Javier Ramírez Manjarrez permanece interno en el Centro de Reinserción Social de La Paz desde hace más de dos años a la espera de sentencia.
Con esta resolución, la carpeta de investigación continúa abierta para determinar el alcance total del daño patrimonial y la responsabilidad legal de todos los actores participantes en el esquema de manejo irregular de recursos públicos en la entidad.
About The Author
