Imagen de archivo de una vista general durante una sesión plenaria del Senado de México, en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz
Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El Senado de la República inició el análisis del Plan B de Reforma Electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone reducir el número de regidores municipales, establecer topes presupuestales para congresos locales y modificar las reglas de la revocación de mandato. La iniciativa llega tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados y debe ser aprobada antes de septiembre de 2026 por restricciones constitucionales.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la propuesta como una medida de austeridad republicana que reduciría el número de regidores de 15 a 7 por municipio y limitaría el presupuesto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto total estatal. Además, se eliminaría el principio de paridad de género en las regidurías.
El PVEM, a través de su coordinador Manuel Velasco, anunció apoyo unánime al Plan B, aunque se registró la contradicción de que el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa de la iniciativa. Por su parte, la panista Kenia López Rabadán criticó fuertemente la propuesta, calificándola como un intento de concentrar poder y debilitar las instituciones democráticas.
Entre los cambios más polémicos se encuentra la modificación a la revocación de mandato, que permitiría a la presidenta hacer campaña con recursos no especificados y adelantaría el plazo para este proceso al tercer año de gobierno. La iniciativa también incluye topes salariales para funcionarios electorales.
Según datos oficiales, en 2025 se iniciaron 741 investigaciones por el Fondo de Fiscalización Especializado (FISEL), lo que según el gobierno justifica la necesidad de reformas al sistema electoral. Monreal mencionó además que se contempla una reforma judicial complementaria, aunque no proporcionó detalles específicos.
El contexto político indica que la aprobación del Plan B enfrenta un camino complejo, dado que requiere consensos entre diferentes fuerzas políticas y debe cumplir con plazos constitucionales estrictos. La oposición ha alertado sobre posibles consecuencias negativas para la representación democrática y la equidad de género en los cargos de elección popular.
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