Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum promueve una reforma electoral denominada ‘Plan B’ que modificaría la Constitución en medio de la preparación para las elecciones de 2027, iniciativa que ha generado fuertes críticas de partidos opositores quienes la califican de autoritaria y advierten sobre un posible debilitamiento de la democracia. La propuesta se discute en el Senado con el respaldo de Morena y sus aliados, mientras la oposición argumenta que podría facilitar campañas gubernamentales con recursos públicos.
La reforma constitucional se plantea en un contexto electoral crucial donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales en 2027. El gobierno federal defiende la iniciativa como un avance democrático, aunque no ha publicado el texto completo ni el número específico de artículos a modificar.
El ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, expresó preocupación por el impacto de la reforma en la autonomía de los organismos electorales. “Cualquier modificación constitucional en materia electoral debe fortalecer, no debilitar, las instituciones autónomas que garantizan procesos limpios”, señaló el experto en análisis difundidos durante el día.
Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, calificó la iniciativa como “un intento de consolidar una hegemonía que afectaría el equilibrio democrático”. Desde Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez coincidió en señalar riesgos para la autonomía municipal y advirtió sobre el posible uso de tiempos oficiales con fines proselitistas.
La iniciativa se debate mientras Sheinbaum mantiene niveles de popularidad alrededor del 70%, según mediciones recientes. Los partidos PVEM y PT, aliados de Morena, han participado en negociaciones sobre la reforma, aunque no han emitido una postura oficial detallada.
El contexto internacional añade complejidad al debate, ya que la reforma coincidiría con la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), donde aspectos de gobernabilidad democrática podrían ser evaluados. La oposición ha anunciado que llevará el debate a foros internacionales si consideran que se afectan estándares democráticos.
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