Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa simultáneamente la aprobación del llamado ‘Plan B’ electoral y modificaciones a la figura de revocación de mandato, con el objetivo de consolidar cambios institucionales antes de abril. En la Cámara de Diputados, la fracción de Morena anunció que buscarán una fuerza política para ratificar el mandato presidencial mediante un proceso de revocación que alcance el 80 por ciento de la votación, según declaró el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
La presidenta Sheinbaum consideró absurdo que los sujetos a revocación de mandato tengan prohibido pronunciarse sobre el tema, por lo que propuso permitir declaraciones sin que implique propaganda o uso de recursos públicos. Esta postura se da en un contexto de tensión histórica entre el oficialismo y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que enfrenta la renovación de tres de sus integrantes cuyas vacantes quedan efectivas el 4 de abril.
En el Senado, la presidenta Laura Itzel Castillo expresó su confianza en que el ‘Plan B’ logre consensos para concluir el proceso legislativo en el plazo estimado. La reforma busca reducir el gasto electoral, simplificar procesos y establecer un límite de 0.7 por ciento del presupuesto para los congresos locales, medida que el diputado Ulises Mejía Haro aseguró generará ahorros para destinar a más obras públicas.
La operación temporal del Consejo General del INE quedará a cargo de ocho integrantes de los 11 habituales, mientras se designan a los nuevos consejeros. El diputado Elías Lixa, del PAN, aclaró que la convocatoria para dicha designación aún no está aprobada y que el documento circulado es solo un proyecto en revisión, subrayando la necesidad de criterios que garanticen un perfil apartidista.
Las negociaciones continúan para lograr la mayoría calificada requerida, involucrando al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La simultaneidad entre la discusión legislativa y la renovación del órgano electoral marca un momento crítico para la arquitectura institucional del país, con el oficialismo buscando cerrar los cambios antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas.
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