Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, durante la conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional. La propuesta, elaborada en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de las Mujeres, contempla penas de prisión de 40 a 70 años, multa de mil a dos mil UMAS, 21 agravantes y la sanción de la tentativa del delito.
La mandataria señaló que el objetivo de la legislación es que todas las fiscalías del país cuenten con una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y desarrollar políticas para prevenirlo. Según informó, la iniciativa será enviada este día al Senado de la República para su discusión y análisis.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, afirmó que el proyecto busca enfrentar una problemática que exige respuestas estructurales. “Este delito que afecta a miles de mujeres nos debe llamar a erradicar la violencia feminicida y esto es lo que buscamos con esta propuesta”, dijo durante el evento. La fiscal detalló que la tentativa será sancionada con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes de la pena original.
La iniciativa establece nueve razones de género para configurar el feminicidio, incluyendo signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder, incomunicación o exposición del cuerpo. Además, busca homologar protocolos para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género obligatoria y turno continuado para evitar la discontinuidad de las investigaciones.
Entre los agravantes contemplados se encuentran casos donde la víctima sea niña, adolescente, mujer mayor, tenga alguna discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes, o que el crimen se cometa frente a hijos o hijas. La propuesta también establece que el delito será perseguido de oficio, será imprescriptible y que el responsable perderá la patria potestad, tutela y derechos sucesorios respecto a las víctimas.
Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, subrayó que el feminicidio trasciende a la víctima directa y afecta a su círculo cercano. “Estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero sin duda también cambia la vida de las personas de su círculo cercano, sobre todo de sus hijas e hijos”, afirmó. La iniciativa articula derechos para víctimas directas e indirectas, incluyendo atención médica, psicológica y asistencia jurídica gratuita.
Asimismo, la ley prohíbe la exposición de imágenes de víctimas en medios y plataformas digitales y propone la creación de una comisión especial para acompañar la implementación de la norma, fortalecer las investigaciones y articular una campaña permanente contra la violencia de género. Con esta acción, el gobierno federal busca unificar criterios en todo el territorio nacional para garantizar justicia y reparación integral a las familias afectadas.
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