Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas de fuego hacia México para abastecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS). Los hechos investigados ocurrieron en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025, con origen en la ciudad de Phoenix, Arizona.
Según la acusación, los implicados operaron bajo un esquema de compra estratégica para evitar los controles federales, utilizando intermediarios conocidos como compradores de paja para adquirir los armamentos. La investigación señala que estas armas fueron destinadas específicamente a las organizaciones criminales mexicanas, las cuales fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el Departamento de Estado de EE.UU. en febrero de 2025.
Este caso representa una de las primeras aplicaciones de cargos criminales por apoyo material al terrorismo dirigidos contra un armero por facilitar ventas a estos grupos específicos. La documentación legal indica que la armería vinculada a uno de los acusados, identificada como Grips by Larry, estaba ubicada a menos de 15 minutos de distancia de la frontera con Naco, Sonora, lo que facilitaba el cruce ilegal del material bélico.
Existen discrepancias en los reportes periodísticos sobre el alcance inicial de la noticia; mientras algunas fuentes mencionaban únicamente a Laurence Gray como propietario del establecimiento, la acusación federal confirma la participación de ambos individuos en la red de distribución. Las autoridades no han detallado públicamente la identidad de los intermediarios que realizaron las compras directas ni el destino exacto de las armas dentro del territorio mexicano una vez cruzada la frontera.
Los delitos imputados conllevan penas severas debido a la naturaleza de los receptores finales. Aunque la acusación no especifica la sentencia solicitada para cada conteo individual, los cargos relacionados con el apoyo material a organizaciones terroristas pueden resultar en condenas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión federal por cada delito comprobado. El proceso judicial se desarrolla en el distrito de Arizona bajo la supervisión del Departamento de Justicia.
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