Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset, Parlamento israelí, aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo. La norma se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, los cuales juzgan exclusivamente a acusados palestinos.
Los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil y no serían juzgados en estos tribunales militares. La votación en la Knesset resultó en 62 votos a favor y 48 en contra, aunque otra fuente reporta 64 votos a favor y 48 en contra. El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la ley.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue el principal impulsor de la reforma legal. La ley obliga a los tribunales militares a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en actos de terrorismo. Los tribunales solo pueden optar por la cadena perpetua si aprecian circunstancias especiales.
La decisión de imponer la pena de muerte no requiere unanimidad, basta con mayoría simple. La ley elimina el derecho de apelación y exige la sentencia en un plazo de 90 días. Además, la ley permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte.
La ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para los casos del 7 de octubre.
Itamar Ben Gvir declaró: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”. El funcionario calificó la norma como una medida disuasoria y una ley histórica.
Ben Gvir añadió: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”. Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, calificándola de racista y una flagrante violación del derecho internacional humanitario.
La Presidencia de la Autoridad Palestina señaló: “Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.
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