Los Ángeles, 26 de marzo de 2026.- Un jurado determinó que Meta y YouTube son responsables legalmente de causar adicción y daños a la salud mental en menores de edad, al utilizar diseños en sus plataformas que fomentan la dependencia. El veredicto, emitido este 25 de marzo en Los Ángeles, California, obliga a las tecnológicas a pagar tres millones de dólares en daños compensatorios a la demandante, identificada como K.G.M.
Según lo reportado por medios especializados, el jurado concluyó que ambas compañías actuaron con negligencia al crear productos que propiciaron comportamientos adictivos y dañinos entre los usuarios jóvenes. La investigación del caso señaló que el diseño de las aplicaciones provocó un consumo compulsivo que agravó cuadros de depresión, dismorfia corporal y pensamientos suicidas en la afectada.
La distribución de la indemnización establecida asigna el 70% del monto, equivalente a 2.1 millones de dólares, a Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram. El restante 30%, correspondiente a 900 mil dólares, fue cargado a YouTube. Además de estos daños compensatorios, el fallo establece que existieron elementos de malicia, opresión o fraude por parte de las empresas, lo que habilita la posibilidad de imponer daños punitivos adicionales cuyo monto definitivo será determinado en una etapa posterior del proceso judicial.
Durante el desarrollo del juicio, considerado pionero en Estados Unidos por sentar un precedente sobre la responsabilidad corporativa en la salud mental digital, comparecieron directivos de alto nivel, incluyendo a Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, director de Instagram. Las testimonios y pruebas presentadas buscaron demostrar cómo las estrategias de retención de las plataformas impactaron directamente en el bienestar psicológico de la menor.
Este dictamen se suma a otros litigios recientes contra la industria tecnológica en territorio estadounidense. En un caso similar llevado a cabo en Nuevo México, Meta fue condenada previamente a pagar 375 millones de dólares, lo que refleja una tendencia creciente en el sistema judicial para evaluar el impacto de las redes sociales en la población juvenil.
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