Por Redacción
La República, 15 de marzo de 2026.- Los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su respaldo firme y unánime al denominado ‘Plan B’ de reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que su iniciativa original no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El acuerdo fue sellado la noche del viernes con la participación de la Secretaría de Gobernación y las dirigencias de los tres partidos, allanando el camino para su presentación formal en el Senado de la República.
Los senadores de Morena, PT y PVEM manifestaron su apoyo “total e incondicional” a la nueva propuesta, argumentando que su objetivo principal es “terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político”. En un comunicado conjunto, los grupos parlamentarios expresaron su respaldo a la presidenta Sheinbaum ante la presentación de este plan alternativo.
La alineación de las bancadas oficialistas en ambas cámaras del Congreso de la Unión se produce en un contexto político donde el PT también ha lanzado una campaña en redes sociales para promover las alianzas con Morena y el PVEM, con el fin de “consolidar la Cuarta Transformación”. Los partidos del Trabajo y Verde Ecologista confirmaron su respaldo al Plan B durante reuniones en la Cámara de Diputados.
Si bien los detalles específicos del texto de la iniciativa y los mecanismos concretos para la reducción de costos no han sido divulgados públicamente en su totalidad, el respaldo unánime de la coalición gobernante indica que se buscará su aprobación expedita. La presentación formal de la iniciativa en el Senado está prevista para los próximos días, probablemente el lunes o martes de la próxima semana.
Este movimiento político representa un esfuerzo por reagrupar fuerzas dentro de la coalición oficialista después del revés legislativo sufrido por la primera propuesta de reforma electoral de Sheinbaum. El llamado ‘Plan B’ se perfila ahora como la apuesta central del gobierno para modificar el marco electoral, enfocándose en la promesa de eliminar lo que califican como gastos superfluos y privilegios arraigados en las instituciones políticas del país.
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