Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile de cerca el fenómeno del desplazamiento forzado interno en México, que ha afectado a más de 390 mil personas entre 2016 y 2024, según documentación de casos principalmente en estados como Morelos y Guerrero. La petición se produce en un contexto donde el crimen organizado trasnacional, que incluye múltiples actividades ilícitas más allá del narcotráfico, sigue generando violencia y desplazamientos masivos.
Las cifras oficiales indican que solamente en 2024 se registraron 28,900 personas desplazadas forzadamente, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 15,795 personas. Este fenómeno se documenta principalmente en contextos de disputas territoriales y presencia de grupos criminales que operan con participación de entidades legales y estatales.
Paralelamente, persisten casos de impunidad que afectan la credibilidad de las instituciones. Recientemente, Javier ‘N’ fue absuelto por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes después de que la Fiscalía federal presentara pruebas insuficientes. Dos testigos clave en este caso fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones durante la investigación.
En otro caso emblemático, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, perpetrada por el Ejército mexicano. Aunque el gobierno propuso un acuerdo amistoso, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas.
Expertos en seguridad nacional señalan que el crimen organizado trasnacional ha evolucionado hacia estructuras más complejas que involucran no solo el narcotráfico sino también otros delitos como la extorsión, el tráfico de personas y el lavado de dinero, often con la complicidad de actores estatales y legales.
La solicitud ante la CIDH busca establecer mecanismos internacionales de supervisión que garanticen la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y exijan mayores estándares de transparencia en las investigaciones de crímenes relacionados con la violencia organizada.
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