Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el llamado Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa negociada con los partidos aliados PT y PVEM luego de que estos bloquearan la propuesta original el pasado 11 de marzo. La nueva iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gobernación que encabeza Rosa Icela Rodríguez, se enfoca en dos puntos clave acordados: la reducción del presupuesto de los congresos estatales y modificaciones al sistema de regidurías, bajo el argumento de aplicar principios de austeridad republicana.
La propuesta establece un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del presupuesto total de cada entidad federativa. Según datos oficiales, el presupuesto actual de estas legislaturas suma 18 mil 429 millones 929 mil pesos, por lo que se proyecta un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos anuales con la aplicación del nuevo límite. Este componente busca cumplir con la promesa de la administración de reducir lo que califica como privilegios en el gasto público.
El envío de la iniciativa al Senado marca un giro en la estrategia legislativa del gobierno federal, que tuvo que reformular su propuesta integral tras la negativa del PT y el PVEM a apoyarla en su formato original. Las negociaciones para el Plan B se llevaron a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde se logró un consunto mínimo sobre los puntos presupuestales y de estructura municipal. Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, respaldó públicamente el envío de la iniciativa, señalando que refleja los acuerdos alcanzados.
Sin embargo, la iniciativa presentada este martes dista de ser la reforma integral que inicialmente promovió Morena. Sheinbaum ha defendido que el Plan B mantiene la esencia de reducir privilegios, aunque fuentes políticas reconocen que solo incorpora los dos puntos en los que hubo consenso con los aliados, dejando fuera otros elementos más controversiales de la propuesta original que requerían mayor apoyo parlamentario.
El contexto político inmediato está marcado por la necesidad del gobierno de demostrar avances en su agenda de austeridad y reforma electoral, tras el revés sufrido hace una semana. El trámite del Plan B en el Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, se anticipa más expedito que el de la iniciativa original, aunque aún se desconoce el texto completo de la propuesta y los detalles específicos de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que plantea.
Lo que sigue es el análisis de la iniciativa en las comisiones correspondientes del Senado y su posterior discusión en el pleno. El éxito de este Plan B dependerá de que se mantenga la unidad de la coalición oficialista y de que no surjan nuevas objeciones de última hora por parte del PT o el PVEM, cuyas posturas detalladas sobre el acuerdo final aún no se han hecho públicas en su totalidad.
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