Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su ‘Plan B’ de reforma electoral, una iniciativa centrada en austeridad y recortes presupuestales, tras el rechazo de la Cámara de Diputados a su propuesta de reforma constitucional la semana pasada. El nuevo paquete, presentado durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, busca reducir regidurías municipales a un máximo de 15, establecer un tope del 0.7% del gasto estatal para los congresos locales y programar la elección de 850 juzgadores del Poder Judicial para 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar la propuesta, que no requiere una reforma constitucional como la iniciativa original que fue desechada. “Siempre hubo un plan B”, señaló Rodríguez, enmarcando la medida dentro de la política de ‘austeridad republicana’ del gobierno. La iniciativa también contempla una reducción progresiva de gastos en el Senado hasta en un 15%.
Este movimiento se produce después de que, el pasado 11 de marzo, la Cámara de Diputados rechazara la reforma constitucional de Sheinbaum con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, muy lejos de los 334 necesarios para modificar la Carta Magna. La derrota parlamentaria expuso la ruptura de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes votaron en contra de la propuesta original.
La inclusión de la elección de juzgadores para 2027 generó reacciones inmediatas. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, criticó el componente, sugiriendo que se trata de una medida con fines políticos. “Analizaremos la iniciativa con detenimiento, pero nuestra postura inicial es de escepticismo ante propuestas que podrían politizar la justicia”, declaró.
El ‘Plan B’ evita los puntos más polémicos de la reforma fallida, como la reducción de legisladores plurinominales y cambios profundos al financiamiento de los partidos, que fueron el centro de las críticas de la oposición y los aliados disidentes. En su lugar, se enfoca en medidas de reestructuración del gasto público a nivel municipal y estatal, áreas donde el gobierno espera encontrar mayor consenso.
El panorama en el Senado, donde Morena y sus aliados tienen una posición más sólida, parece más favorable para esta iniciativa secundaria. Sin embargo, la oposición ha anunciado que analizará minuciosamente el texto, especialmente las implicaciones de la elección popular de juzgadores y los recortes presupuestales a los órganos legislativos locales. El debate en la Cámara Alta definirá si el gobierno logra rescatar parte de su agenda electoral tras su primera gran derrota en el Congreso.
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