Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- Un juez penal en la capital del país vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el contrato de la planta fotovoltaica Next Energy. La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja después de una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día anterior, donde se analizaron las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Las autoridades investigadoras señalan que el proyecto, diseñado para operar en Mexicali, comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años, a pesar de que la planta nunca fue construida. Según la información fiscal, estas irregularidades en permisos y compromisos financieros habrían generado un daño significativo al erario estatal durante la gestión de Bonilla, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021.
Durante el procedimiento legal, surgieron contradicciones entre la defensa y la acusación. Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, fecha en la que aseguró ya no se encontraba en funciones. Asimismo, sostuvo que su administración solo tenía la obligación de pagar por un servicio y no de construir la infraestructura, posición que contrasta con las acusaciones de la Fiscalía sobre la existencia de anomalías en la autorización y financiamiento del contrato.
Como parte de la resolución judicial, se fijó una garantía económica alrededor de 100 mil pesos para el exgobernador. Además, el juez estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la fiscalía deberá presentar mayores elementos probatorios para consolidar el caso antes de posibles etapas posteriores del proceso penal.
Este caso mantiene en la esfera pública a Bonilla Valdez, quien tras dejar el ejecutivo estatal asumió la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Baja California. La situación jurídica del exmandatario se suma al contexto de revisión de contratos energéticos en la región, mientras la gobernadora actual, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta las implicaciones políticas de un contrato que no derivó en la obra prometida.
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