Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra ex y actuales funcionarios de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, centradas en el proyecto de parques memoriales como Balam Tun, señalan el uso de maquinaria pesada y explosivos que habrían afectado más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas hasta la fecha.
Entre los denunciados figuran Diego Prieto, exdirector del INAH, así como funcionarios en activo como Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Los especialistas, agrupados en la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, argumentan que las acciones se realizaron bajo el pretexto de proyectos de desarrollo, violando la legislación de protección patrimonial.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, vocero del grupo de denunciantes, señaló que el balance preliminar indica la pérdida de más de 62,000 estructuras. Asimismo, cuestionó la intervención en 47 monumentos en Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, donde se acusa que las piezas fueron desmanteladas y recombinadas, alterando su contexto histórico original. Los investigadores internos aseguran contar con evidencia técnica sobre el uso de dinamita y retroexcavadoras en sitios de Campeche y Xpujil.
Las contradicciones en los reportes iniciales han generado debate sobre la naturaleza de los daños; mientras algunas fuentes hablan de destrucción total, otras describen procesos de deconstrucción y mezcla de elementos. No obstante, los denunciantes mantienen que cualquier alteración no autorizada constituye un crimen contra la arqueología. Se espera que las denuncias sean presentadas ante el Ministerio Público en los próximos días, aunque aún no se ha confirmado la autoridad exacta ni la fecha límite formal.
Este conflicto interno en el INAH pone en evidencia la tensión entre la preservación del patrimonio y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias para el gobierno federal. Hasta el momento, ni los funcionarios denunciados ni la dirección general del INAH han emitido una respuesta oficial respecto a las acusaciones de negligencia y destrucción de monumentos milenarios.
La sociedad civil y la comunidad académica esperan que se abra una investigación transparente que determine la veracidad de los hechos y las posibles sanciones legales. El caso podría marcar un precedente en la aplicación de leyes de protección cultural en México frente a megaproyectos de desarrollo.
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